La Revolución de 1810 / José Gil Fortoul

Sellos 1810Venia la idea revolucionaria ganando prosélitos en la Colonia por dos modos diferentes. En primer lugar, el ejemplo de los Estados Unidos y de Francia despertaba la aspiración a un régimen republicano o democrático, y determinó varias tentativas de revolución: la de negros y mestizos de Coro en 1795, la de Gual y España en 1797, la de Maracaibo en 1799. Pero esta aspiración no contaba todavía con todo el apoyo de la clase oligárquica criolla, que era entonces la única fuerza activa nacional. Y a esto se debió también, en gran parte, el fracaso de las expediciones de Miranda, que muchos consideraron encaminadas a sustituir una dominación europea con otra, la española con la inglesa. Efectivamente, la única manifestación revolucionaria que se pudiera llamar nacional fue la que promovió la misma clase oligárquica. Para ella, la cuestión de Monarquía o República era aún secundaria. Buscaba, ante todo, la autonomía de la Colonia, sacudir el yugo secular de los gobernantes peninsulares, formar, en una palabra, Gobierno criollo, asegurando por fin aquel derecho de “tiranía doméstica”, como dirá Bolívar, que no se les permitió nunca a los americanos ejercer en su propia tierra.

La revolución definitiva, la que rematará en el Acta de Independencia, comienza con las representaciones políticas del Ayuntamiento y vecinos de Caracas en 1808. Pero como sucede siempre en casos semejantes, dividióse en seguida la opinión en dos partidos: el uno radical, que abogaba por la revolución violenta e inmediata, y moderado el otro, que prefería los medios aparentemente legales de una evolución pacífica, haciéndola depender del rumbo que siguieran los sucesos de la metrópoli con motivo de la Invasión francesa.

En mayo de 1809 se posesiona del gobierno de la Capitanía General el mariscal de campo Vicente Emparán. Con él llegó a Caracas Fernando Rodríguez del Toro, que había sido capitán de la guardia real en Madrid, y a quien la Junta Central de España ascendió a coronel con el cargo de inspector de las milicias venezolanas. Este se convirtió al punto en el agente más activo de la tendencia autonomista, de acuerdo con su hermano el marqués del Toro, coronel de milicias de infantería; con su sobrino político Simón de Bolívar, teniente de las mismas; con Mauricio Ayala, teniente del batallón veterano; con Mariano Montilla, ex guardia de Corps en la Corte, y con algunos regidores de la capital. Muy jóvenes casi todos, sectarios entusiásticos de las ideas radicales que habían aprendido en viajes y lecturas, propensos por tanto a la rebelión, poco discretos en expresar sus ideas personales, como que su posición social, el nombre ilustre de sus familias y aun el prestigio de los empleos que desempeñaban les permitían arrostrar impunemente la ya discutida autoridad del Capitán General, apenas se cuidaban de ocultarle a éste sus manejos y propósitos subversivos. “A pesar de la amistad que me unía con Vicente Emparán –confesó después Toro–, amistad contraída muchos años antes de su elección a la Capitanía General de Caracas, jamás me desentendí de la libertad de mi patria, y hablé a este jefe sobre la necesidad de nuestra emancipación en el caso de que la Junta Central se disolviese o la España fuese subyugada” (1).

En el mes de marzo de 1810, convencidos ya de que la Junta Central no podría resistir a la invasión francesa, confabuláronse para proclamar la autonomía de la Colonia el próximo 1 de abril. Desgraciadamente, el Gobierno les desbarató la trama en seguida, por infidencia de algunos o por indiscreción de todos (2). Pero el Capitán General, de quien eran amigos personales, se limitó a confinar a algunos a Aragua y Valencia, lenidad que pocos días después debía costarle su caída y expulsión. Los que permanecieron libres en Caracas continuaron en sus manejos, y los confinados, los Toros, los Bolívares, los Montillas, apresuráronse a hacer lo mismo. “Teníamos tomadas todas las medidas necesarias al buen éxito de la empresa, cuando los caraqueños, ejecutándolo el 19 de abril, dejaron sin lugar nuestra tentativa” (3).

En abril, se supo en Puerto Cabello y en Caracas la ocupación de la Andalucía por el ejército francés y la disolución de la Junta Central del reino. Junta que se había formado por los patriotas españoles para conservar, siquiera nominalmente, la autoridad legitima de Fernando VII; pero Junta que, como decía Jovellanos, miembro de ella, no era “representación legal del pueblo español” porque dimanaba de las Juntas Provinciales, “que tampoco tenían una plena legitimidad”. En cuanto a América, era evidente que la Junta Central carecía de toda autoridad, como que los americanos no estaban representados en ella por diputados especiales. Disuelta de hecho la Junta, miembros de ella se trasladaron de Cádiz a la Isla de León, adonde se había retirado un cuerpo de tropas españolas, y decretaron en nombre del cautivo Fernando VII (29 de enero 1810) “que se componga un Consejo de Regencia de cinco personas, una de las cuales será representante de América”, y por América nombraron ellos a Esteban Fernández de León, Consejero de Estado y Secretario de Marina, quien no aceptó y fue reemplazado por Miguel de Lardizábal y Uribe. Decretaron también que se convocara a Cortes y que en éstas estuviesen representados los virreinatos de Nueva España, Perú, Santa Fe de Bogotá y Buenos Aires, y las “dependencias” de Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, Guatemala, Provincias Interiores, Venezuela, Chile y las Islas Filipinas (4).

El 18 de abril llegan a Caracas dos comisionados del Consejo de Regencia para hacer reconocer su autoridad. Por la noche del mismo día, el alcalde de segunda elección Martín Tovar Ponte (hijo del conde) y el regidor Nicolás Anzola, revolucionarios desde 1808 y complicados en la última conjuración de marzo, convencen al alcalde primero, José de las Llamosas, de la conveniencia de reunir cuanto antes el Ayuntamiento para considerar las noticias de España; y en seguida dieron voz a sus amigos para que a primera hora concurriesen, los unos al cabildo y los demás a la Plaza Mayor.

Reunido el Ayuntamiento a las siete de la mañana del 19, comenzó por diputar a dos regidores cerca del Capitán General, con la invitación de asistir cuanto antes a una sesión extraordinaria. A las ocho entraba Emparán en la sala capitular, y como se le informase que el Ayuntamiento creía llegado el caso de organizar un Gobierno provisional que velase por la seguridad de la provincia a nombre del Rey Fernando, replicó que existía un Gobierno legítimo de la monarquía, representado por el Consejo de Regencia como sustituto de la Junta Central, y que en las actuales circunstancias lo único conducente era esperar nuevas noticias de la Península antes de tomar ninguna resolución definitiva. En diciendo esto, el Capitán General levantó la sesión, con la oferta de volver a tratar más tarde el asunto, y se encaminó a la iglesia catedral. Era jueves santo. Tímidos todavía los del Ayuntamiento creían ya frustrado su plan, cuando otros patriotas de mayor audacia aceleraron el suceso. Al llegar Emparán al atrio de la iglesia, Francisco Salias le asió por el brazo y le intimó que volviese a la casa consistorial. A lo que no opuso aquél ninguna resistencia, ni tampoco su guardia, mandada por el capitán Luis Ponte.

En el Ayuntamiento encontró el Capitán General otra novedad insólita: la representación de un poder político desconocido hasta entonces en la Colonia. Cinco personas extrañas al cabildo tomaron allí asiento y voz titulándose diputados del clero, del pueblo y del gremio de pardos: el canónigo José Cortés de Madariaga, el presbítero Francisco José de Ribas, los doctores Juan Germán Roscio y José Félix Sosa y el tribuno popular José Félix Ribas. Roscio y Sosa, inclinados por hábito profesional a fórmulas jurídicas o soluciones pacíficas, proponen que se establezca una Junta Suprema presidida por Emparán, continuando en sus funciones la Real Audiencia y demás autoridades constituidas; y apoyados por la mayoría, procede Roscio a redactar el acta correspondiente. Pero Madariaga, que teme ver malogrado el plan revolucionario con semejante compromiso, prorrumpe en acalorada arenga, acusa a Emparán de engaño y perfidia, arguye que la Junta presidida por él no ofrecería seguridad alguna, porque podría disolverla a su arbitrio, y termina pidiendo su deposición inmediata, en nombre del clero y del pueblo. Emparán, sintiéndose perdido, sale al balcón y pregunta al pueblo amotinado en la plaza si está contento de su gobierno. A su espalda, Madariaga hace signos negativos, y al punto el doctor José Rafael Villarreal grita desde la plaza: “No, no”; grito que la muchedumbre repite en coro. Emparán exclama: “pues yo tampoco quiero mando.” La revolución había triunfado (5).

Llamóse el nuevo Gobierno “Junta Suprema conservadora de los derechos de Fernando Vll”; pero, en realidad, era su propósito encaminarse a la autonomía absoluta, y si no la declaró en seguida, fue por atenerse a la “necesidad de no alarmar a los pueblos con bruscas novedades”, según confesión de los propios revolucionarios(6). Igual preocupación se observa en la redacción de los primeros documentos de la Junta, sobre todo en e acta de los sucesos del 19 de abril, la cual revela el deseo de velar con un lenguaje moderado o ambiguo la trascendencia de la revolución. “Se reunió el Ayuntamiento –dice el acta– con motivo de la fundación eclesiástica del día de hoy jueves santo, y principalmente con el de atender a la salud pública de este pueblo que se halla en total horfandad, no sólo por el cautiverio, del Sr. D. Fernando VII, sino también por haberse disuelto la Junta que suplía su ausencia en todo lo tocante a la seguridad y defensa de sus dominios invadidos por el Emperador de los franceses, y demás urgencias de primera necesidad, a consecuencia de la ocupación casi total de los reinos y provincias de España, de donde ha resultado la dispersión de todos o casi todos los que componían la citada Junta, y por consiguiente el cese de sus funciones. Y aunque según las últimas o penúltimas noticias derivadas de Cádiz parece haberse sustituido otra forma de gobierno con el titulo de Regencia, sea lo que fuere de la certeza o incertidumbre de este hecho, y de la nulidad de su formación, no puede ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países, porque no ha sido constituida por el voto de estos fieles habitantes cuando han sido ya declarados, no colonos sino partes integrantes de la corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina y a la reforma de la constitución nacional; y aunque pudiese prescindiese de esto, nunca podría hacerse de la impotencia en que ese mismo gobierno (la Regencia) se halla de atender a la seguridad y prosperidad de estos territorios y de administrarles cumplida justicia en los asuntos y causas propios de la suprema autoridad; en tales términos que, por las circunstancias de la guerra y de la conquista y usurpación de las armas francesas, no pueden valerse a sí mismos los miembros que compongan el indicado nuevo gobierno, en cuyo caso el derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de procurar los medios de su conservación y defensa, y de erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los mismos principios de la sabia constitución primitiva de la España y a las máximas que ha enseñado y publicado en innumerables papeles la Junta Suprema extinguida. Para tratar, pues, el Muy Ilustre Ayuntamiento de un punto de la mayor importancia, tuvo a bien formar un cabildo extraordinario sin la menor dilación, porque ya presentía la fermentación peligrosa en que se hallaba el pueblo con las novedades esparcidas, y con el temor de que por engaño o por fuerza fuese inducido a reconocer un gobierno ilegítimo, invitando a su concurrencia al Sr. mariscal de campo, D. Vicente de Emparán, como su Presidente, el cual lo verificó inmediatamente, y después de varias conferencias, cuyas resultas eran poco o nada satisfactorias al bien público de este leal vecindario, una gran porción de él congregado en las inmediaciones de estas casas consistoriales, levantó el grito aclamando con su acostumbrada fidelidad al Sr. Don Fernando VII y a la soberanía interina del mismo pueblo; por lo que habiéndose aumentado los gritos y aclamaciones, cuando ya disuelto el primer tratado marchaba el cuerpo capitular a la Iglesia Metropolitana, tuvo por conveniente y necesario retroceder a la sala del Ayuntamiento, para tratar de nuevo sobre la seguridad y tranquilidad pública. Y entonces, aumentándose la congregación popular y sus clamores por lo qué más le importaba, nombró para que representasen sus derechos en calidad de diputados a los señores doctores D. José Cortés de Madariaga, canónigo de Merced de la mencionada Iglesia, Francisco José de Ribas, presbítero, José Félix Sosa y Juan Germán Roscio (7), quienes llamados y conducidos a esta sala con los prelados de las religiones, fueron admitidos, y estando juntos con los señores de este muy ilustre cuerpo, entraron en las conferencias conducentes, hallándose también presente el S. Vicente Basadre, intendente de ejército y real hacienda, y el Sr. brigadier Agustín García, comandante subinspector de artillería, y abierto el tratado por el Sr. Presidente, habló en primer lugar, después de Su Señoría el diputado primero en el orden con que quedan nombrados, alegando los fundamentos y razones del caso, en cuya inteligencia dijo entre otras cosas el Sr. Presidente, que no quería ningún mando, y saliendo ambos al balcón notificaron al pueblo su deliberación, y resultado conforme en que el mando supremo quedase depositado en este Ayuntamiento Muy Ilustre, se procedió a lo demás que se dirá …”

Según el acta, el Ayuntamiento acuerda en seguida que ce- sen en sus empleos el intendente Basadre, el brigadier García y el asesor Anca; que para componer la Real Audiencia se nombren letrados que merezcan la confianza del nuevo Gobierno; que continúen los demás tribunales en sus respectivas funciones; que se conserve a cada uno de los empleados suspendidos el sueldo fijo de sus respectivas plazas y graduaciones militares; que continúen en vigor las órdenes de policía, exceptuando las relativas a los vagos en cuanto no sean conformes con las leyes y prácticas de la Colonia, y las dictadas novísimamente por Emparán sobre anónimos y pasaporte y filiación de las personal conocidas y notables; que para el ejercicio de sus funciones colegiadas, se asocie el Ayuntamiento con los diputados del pueblo, teniendo éstos voz y voto en todos los negocios; que los demás empleados no comprendidos en el cese, continúen “por ahora” en sus destinos; que el mando de las armas quede a las órdenes inmediatas del teniente coronel Nicolás de Castro y del capitán Juan Pablo Ayala, con arreglo a las que reciban del Ayuntamiento como depositario de la suprema autoridad; que para ejercer ésta con mejor orden en lo sucesivo, el Ayuntamiento forme “cuanto antes el plan de administración y gobierno que sea más conforme a la voluntad general del pueblo”; que provisionalmente toda la tropa de actual servicio tenga prest y sueldo doble; y que firme también el acta el diputado por el gremio de pardos José Félix Ribas.

El mismo día se publicó el acta en los  sitios más concurridos de la ciudad; y según los escribanos públicos Viaña y Santana, se hizo aquello “con general aplauso y aclamaciones del pueblo, diciendo: Viva nuestro rey Fernando VII: Nuevo Gobierno: Muy Ilustre Ayuntamiento y diputados del pueblo que lo representan”.

Sin pérdida de tiempo, el Ayuntamiento hace comparecer a los nuevos empleados, lo mismo que a los destituidos, a prestar el juramento de “guardar, cumplir y ejecutar y hacer que se guarden, cumplan y ejecuten todas y cualesquiera órdenes que se den por esta Suprema Autoridad Soberana de estas provincias, a nombre de nuestro rey y señor Don Fernando VII (que Dios guarde), injustamente cautivo por la traidora nación francesa, sosteniendo los derechos de la patria, del rey y religión, y de no obedecer ninguna orden que les sea dada por los jefes anteriores ya depuestos; y a éstos, que guardarán y cumplirán, y harán guardar, cumplir y ejecutar las mismas disposiciones, sin ir ni contravenir a ninguna de ellas”.

También el 19, se pasó una circular a todos los empleados participándoles que el Ayuntamiento ha asumido la suprema autoridad junto con los diputados del pueblo, y al día siguiente se publica un manifiesto a los habitantes de Venezuela, en el que se lee: “Si la soberanía se ha establecido provisionalmente en pocos individuos, no es para dilatar sobre vosotros una usurpación insultante, ni una esclavitud vergonzosa, sino porque la urgencia y precipitación propias de estos instantes y la novedad y grandeza de los objetos así lo han exigido para la seguridad común: eso mismo nos obliga a no poder manifestaras de pronto toda la extensión de nuestras generosas ideas; pero pensad que si nosotros reconocemos y reclamamos altamente los sagrados derechos de la naturaleza para disponer de nuestra sujeción civil, faltando el centro común de la autoridad legítima que nos reunía, no respetamos menos en vosotros tan inviolables leyes, y os llamaremos oportunamente a tomar parte en el ejercicio de la suprema autoridad, con proporción al mayor o menor número de individuos de cada provincias.”

El 21 fueron conducidos a La Guaira, con el objeto de que se embarcasen allí para el extranjero, y pagándoselas previamente sus sueldos vencidos y gastos de viaje (en todo algo más de 18.000 pesos): el ex Capitán General Emparán, el intendente Vicente Basadre, el auditor José Vicente Anca, los oidores de la Audiencia Felipe Martínez y Aragón y Antonio Julián Álvarez, el fiscal de la misma José Gutiérrez de Rivero, el subinspector de artillería Agustín García, el coronel Manuel del Fierro y el teniente coronel Joaquín Osorno.

La Junta Suprema quedó organizada así: los alcaldes ordinarios José de las Llamosas y Martín Tovar Ponte, el alférez real Feliciano Palacios, los regidores José Hilario Mora, Isidoro López Méndez, Rafael González, Valentín de Ribas, José María Blanco Liendo, Dionisio Palacios, Nicolás Anzola, alcalde provincias, Juan de Ascanio, Silvestre Tovar Liendo, Pablo Nicolás González, Fernando Key Muñoz, sindico procurador general, los representantes del pueblo Juan Germán Roscio, José Félix Sosa y Francisco Xavier Ustáriz, el representante de los pardos José Félix Ribas y Herrera, los representantes del clero José Cortés Madariaga y Francisco José Ribas y Herrera, Nicolás de Castro, general de las armas, Juan Pablo Ayala, comandante de las armas, Fernando Rodríguez del Toro, gobernador militar, Secretarios: Rafael González, de Gracia y Justicia, Fernando Key Muñoz, de Hacienda, Lino Clemente, de Guerra y Marina, Juan Germán Roscio, de Relaciones Exteriores. Secretarios de decretos: José Tomás Santana y Casiano Besares, Canciller del Gobierno, CarIos Machado (8).

En lugar de la Real Audiencia se creó un Tribunal de Apelaciones, alzadas y recursos de agravios con el tratamiento de Señoría, constituido así: el marqués de Casa León, presidente; el Dr. José Bernabé Díaz, decano; el Dr. José María Ramírez, el Ldo. Bartolomé Ascanio, el Dr. Felipe Fermín Paúl, el Dr. Vicente Tejera, fiscal; el Dr. Juan Antonio Rodríguez Domínguez, agente fiscal, Francisco Llanos, escribano; y receptores Gabriel y Vicente Villarroel.

El Ayuntamiento se convirtió en Municipalidad, para conocer de lo relativo a policía, bien común y abastos. Se compuso de: Bartolomé Blandín, Presidente y Juez de policía; vocales Joaquín Argos, Francisco Aramburu, Francisco González Linares, Martín de Bereciarte, Simón Ugarte, Félix Tovar Báñez, Luis de Ribas Pacheco, Pedro Machado, Francisco Ignacio Serrano, Francisco Nicolás Tovar, Rafael Castillo, Hilario Espinosa. Síndico procurador general, Lorenzo López Méndez; Escribano, Carlos Cornejo; Corregidores., Luis de Rivas y Juan Bernardo Larraín. Se crearon además dos cuerpos consultivos, llamados Junta de Guerra y Junta de Hacienda. La primera, bajo la presidencia del Gobernador militar Fernando Rodríguez del Toro, con los, capitanes Nicolás de Castro y Juan Pablo Ayala, nombrados comandantes generales, los coroneles de artillería José Salcedo y Juan Pires, el Comandante del escuadrón de Caballería, Antonio Solórzano y el del batallón veterano Antonio Suárez de Urbina, y el capitán José de Sata y Bussy corno Secretario. La de Hacienda, bajo la presidencia del Intendente Francisco de Berrío, ,con los vocales Dionisio Franco, Director de la renta del tabaco; ,Domingo Gárate, contador general de la misma renta; Gabriel de Ponte, Juan Nepomuceno Ribas, Francisco Gárate y Pedro de Vega.

El 27 de abril, la Junta Suprema se dirigió a los Ayuntamientos de todas las capitales de América excitándoles “a contribuir a la grande obra de confederación americana española”. “Una es nuestra causa –añadía la nota–, una debe ser nuestra divisa: fidelidad a nuestro desgraciado monarca; guerra a su tirano opresor; fraternidad y constancia.” Acordóse al propio tiempo prestar ayuda a los españoles peninsulares “en la santa lucha en que se hallaban empeñados” contra la invasión francesa, y se declaró que la Junta de Caracas seria disuelta luego que el Rey Fernando se restituyese a sus dominios o siempre que se constituyese en España “otro gobierno más idóneo para ejercer la soberanía de toda la nación”. Pero no era todo eso más que fraseología circunstancial, fórmulas oficinescas y prudentes del secretario de Relaciones Exteriores, doctor Roscio, fórmulas que no detuvieron a la Junta en su abierta rebelión contra toda autoridad ejercida desde la metrópoli. En efecto, al Consejo de Regencia, que se había dirigido a los Virreyes y Capitanes Generales diciéndoles (14 de enero 1810) que los pueblos de América serían considerados como parte integrante de la monarquía y tendrían debida representación en las Cortes nacionales, la Junta contestó el 3 de mayo censurando agriamente el reglamento de elecciones y protestando otra vez contra el Gobierno arbitrario que se titulaba Regencia. “Mal podían ser representación libre de las Colonias –dijo la Junta– los diputados elegidos por los cabildos americanos, cuerpos que el Ministerio español se había empeñado siempre en vejar, en deprimir, en despojarlos de la confianza pública y en someterlos ignominiosamente a la vara despótica de sus agentes… ¿Dar a todos los habitantes de la Península el derecho de nombrar sus representantes para las Cortes de la nación, y reducirlo en la América a la voz pasiva y degradada de los Ayuntamientos; establecer un tarifa para los diputados europeos, y otra diferentísima para los americanos, con la sola mira de negarles la influencia que se debe a su actual importancia y población, no es manifestar claramente que la libertad y fraternidad que tanto se nos cacarean son unas voces insignificantes, unas promesas ilusorias, y en una palabra el artificio trillado con que se han prolongado tres siglos nuestra infancia y nuestras cadenas? ¿No es dar a entender que se nos considera como unos estólidos que no conocen lo que les corresponde, o como unos esclavos que viven contentos con la humillación?… En una palabra, desconocemos el nuevo Consejo de Regencia.”

Conforme a tales propósitos de autonomía absoluta, la Junta empezó en seguida a legislar sobre asuntos que se consideraban hasta entonces como privativos de la Corona. Suprimió el derecho de alcabala sobre los comestibles y objetos de primera necesidad; extinguió el impuesto de exportación; dio libre entrada a varios productos de manufactura extranjera para proteger el beneficio de los frutos del país; declaró que los indios quedaban exentos de todo tributo, y prohibió (14 de agosto) el tráfico de esclavos.

Desde abril hasta septiembre las demás ciudades principales de la Capitanía General, a excepción de Coro y Maracaibo, imitaron el ejemplo de Caracas, formando Juntas gubernativas; bien que en algunas de ellas, como en la de Guayana, no tardaron en reaccionar los españoles.

En Cumaná las cosas pasaron así (9). El 26 de abril, el Gobernador e Intendente de la Provincia, coronel Eusebio Escudero, convoca a junta en su despacho a los alcaldes ordinarios, procurador general, comandante de armas, cura vicario y guardián del convento de San Francisco; les comunica las noticias que acaba de recibir de Caracas y les dice que “aunque no tenía ningún motivo de recelar de aquel vecindario la más ligera falta de fidelidad” al Rey ni al Gobierno que lo representaba, estaba, sin embargo, dispuesto a abdicar su autoridad, si tenía el pueblo alguna queja. La Junta le contesta que puede contar con la confianza y obediencia públicas, y que conviene convocar a todo el cabildo para el día siguiente a fin de resolver con el Gobernador lo que las circunstancias demanden. Al amanecer del 27 las circunstancias cambian por completo. Llegan de Caracas los emisarios (10) con pliegos de la Junta Suprema para el Ayuntamiento cumanés. Sin perder tiempo reúnense los capitanes y pónense de acuerdo con los comandantes del castillo de San Antonio y del cuartel de la ciudad (Carlos Guinet y Miguel Correa) para que las tropas desobedezcan las órdenes que les transmita el Gobernador Escudero. Acto continuo, siempre a imitación de lo de Caracas, el Ayuntamiento admite en su seno representantes de los diversos cuerpos: militares, labradores, clero, nobleza, comercio, clase de “pardos y morenos”. Se comisiona a dos regidores para que inviten al Gobernador a concurrir a la sesión, y una vez presente se le manifiesta que el cabildo acuerda constituirse en Junta Gubernativa; pero que en atención a su conducta anterior como Gobernador, “muy aceptable a toda la provincia”, se acuerda también darle puesto y voto en la Junta, en lugar de expulsarlo del territorio, “como había sucedido en la capital de Caracas”. Escudero contesta que, depuesto de su legítima autoridad, no le es dable aceptar ningún destino “con voto entre sublevados” y que voluntariamente se embarcará para Cartagena. Se embarca el 3 de mayo, habiéndole el Ayuntamiento costeado el viaje y pagado sus sueldos hasta fin de año.

Quedó constituida la Junta del modo siguiente: Presidente, Francisco Javier Mayz, capitán de milicias regladas, alcalde primero; Vicepresidente, Francisco Illas y Ferrer, comerciante, capitán de milicias urbanas, alcalde segundo; Vocales de derecho, como miembros que eran del Ayuntamiento, José Ramírez Guerra, alférez real; Jerónimo Martínez, alcalde mayor provincial, Francisco Sánchez, alguacil mayor; José Jesús de Alcalá, síndico procurador general; Manuel Millán, fiel ejecutor; Domingo Mayz y José Santos, alcaldes de la hermandad. A quienes se unieron en calidad de representantes de los cuerpos y clases: por el clero, el cura párroco Andrés Antonio Callejón, que estaba suspenso y a quien se nombra ahora “vicario juez eclesiástico superintendente”; por la nobleza, el doctor Mariano de la Cova, abogado; por los labradores, Juan Bermúdez de Castro, maestro de filosofía; por el comercio, Juan Manuel Tejada, comerciante; por el ejército, Juan José Flores, capitán graduado, teniente de una compañía veterana; por los “pardos y morenos”, Pedro Mejía, teniente de milicias regladas. Juan Martínez abogado, recibió el nombramiento de asesor de la Junta con voto. Como secretario actuó Diego Vallenilla, teniente de ejército y ayudante de milicias, que había sido también secretario del Gobernador Escudero. José Miguel de Alcalá, empleado de real hacienda, fue ascendido a Intendente. Y al brigadier Juan Manuel de Cajigal, antiguo Gobernador de la Provincia, se le nombró consultor de la Junta y comandante general de las armas, con el grado y sueldo de mariscal de campo (11).

Por la tarde del 27 la Junta se traslada a la iglesia parroquial, donde se canta el Te Deum, a tiempo que el castillo de San Antonio celebra con salvas de artillería el establecimiento del nuevo Gobierno y pasea el pueblo por las calles la nueva bandera nacional. Por la noche se envían emisarios a Barcelona, segunda ciudad de la Provincia, a proponerle que reconozca el Gobierno de la capital; pero ya su Ayuntamiento se había constituido en Junta bajo la presidencia del teniente coronel Gaspar de Cajigal, y declarádose subordinada a la de Caracas, Lo propio hizo luego Margarita, que estaba sujeta en lo militar a Caracas y en lo de real hacienda a Cumaná. El teniente Guinet pasa a la colonia de Trinidad a solicitar armas y municiones. Y por consejo y ambición de Juan Manuel de Cajigal, regresa a Caracas José Antonio Illas a insinuar el proyecto de reunir ambas Provincias poniendo sus fuerzas militares a las órdenes de un generalísimo, por de contado el propio Cajigal. Proyecto que no encontró oídos en la Junta Suprema.

Cuya autoridad “suprema” era todavía puramente nominal, pues si bien creía contar con el apoyo de las Provincias de Cumaná, Margarita, Guayana, Barinas, Mérida y Trujillo, todas sus respectivas Juntas o siguieron fluctuando entre la revolución y la reacción o se consideraron cuerpos autonómicos hasta que se reunió el Congreso Nacional (12). Por otra parte los, Ayuntamientos de Coro y Maracaibo se negaron categóricamente a seguir el movimiento revolucionario del 19 de abril. A los comisionados de la Junta Suprema los recibió en Coro el Gobernador José Ceballos diciéndoles “que ni el pueblo se metía en nada ni sabía otra cosa que lo que violenta y maliciosamente le inspiraban cuatro maliciosos magnates”, y les mandó poner a cada uno un par de grillos y los despacho a Maracaibo para que de allí fuesen remitidos a las prisiones de Puerto Rico. Desde el punto de vista constitucional, el Ayuntamiento de Coro, alegaba, para desconocer a la Junta Suprema, que la ciudad de Caracas había cesado en su dignidad de capital de la Colonia al destituir al Capitán General y Real Audiencia, quedando, por consiguiente, su pueblo y cabildo “en igual clase que los otros, pues las constituciones del reino no concedían ni sombra de autoridad a un cabildo sobre otro”; y que en último caso, de aceptarse la supremacía de un Ayuntamiento, le tocaría antes bien al de Coro, por representaría “la ciudad más antigua y fundadora de la Provincia de Venezuela”. Razonamiento que se apoyaba realmente en el tradicional principio político espaflol de- autonomía municipal.

La Junta Suprema resolvió apelar a las armas y levantó un ejército, casi de su totalidad de milicianos bisoños, que puso a las órdenes del marqués del Toro. Ejército respetable por su número –más de 4.000–, pero poco temible a causa de su orgánica debilidad. En esto se revelan también los vicios inherentes al régimen colonial español. A las milicias pertenecían, desde 1759, todos los blancos y pardos de quince a cuarenta y cinco años, menos los eclesiásticos, médicos, boticarios, jueces y otros empleados; mas en primer lugar, los pardos no hallaban estimulo en la carrera de las armas, porque se les prohibía aspirar a grados superiores al de capitán; y los nobles criollos, con las pocas excepciones de quienes lograban sentar plaza en la Península, consideraban sus grados en la milicia como simple distintivo de preeminencia social. Tanto era así, que la “compañía de nobles aventureros”, formada en Caracas en 1767 por los hidalgos ricos que deseaban servir al Rey a su costa, no tuvo en realidad más objeto que el de ostentar títulos y uniformes (13).

Con semejantes milicias salió a campaña el marqués del Toro, quien, por otra parte, más acostumbrado estaba a la vida elegante y regalada de sus lujosas quintas de Anauco y de Mocundo, que no a las faenas del campamento. Inútil y desdichada resultó esta primera expedición patriota; aunque el marqués, general bisoño, pero altivo, hidalgo y patriota revolucionario desde 1808, hizo gala en toda ella de gallarda valentía personal. Después de andar 150 leguas por los incipientes caminos de entonces, atacó a Coro el 28 de noviembre. Sorprendido de la resistencia de la ciudad, que él creía ocupada por una débil guarnición, y amenazado también por fuerzas de Maracaibo, tuvo que regresar maltrecho a Caracas.

Entre tanto, la Junta Suprema había logrado descubrir y desbaratar una trama contrarrevolucionaria urdida en el propio Caracas por los hermanos Francisco, José y Manuel González de Linares, de acuerdo con el doctor José Bernabé Díaz, ministro del tribunal de apelaciones, los cuales se proponían sustituir la Junta con otro Gobierno provisional compuesto del arzobispo Narciso Coll y Prat (14), el contador mayor José de Limonta, el canónigo Juan Vicente de Echeverría y el cura de la iglesia de Candelaria, José Antonio Montenegro. Descubierto el plan el 1 de octubre, se siguió causa a los principales conjurados; pero como su delito no pasó de tentativa, se les aplicaron solamente, según el grado de culpabilidad, las penas de prisión, destierro y confinamiento.

Con esto coincidió otro hecho que por poco desencadena la anarquía entre los promotores de la revolución, partidarios los unos de medios violentos, e inclinados los otros a medios de conciliación y lenidad. Acababa de frustrarse la conjura de los Linares, cuando se tuvo noticia de que los revolucionarios de Quito habían sido ejecutados por las autoridades españolas el 2 de agosto (15); y al punto el caudillo popular José Félix Ribas, que se titulaba siempre diputado del gremio de pardos, y que formaba parte del Gobierno desde el 19 de abril, aconsejó un motín el 22 de octubre con el objeto de pedir el extrañamiento de todos los españoles nacidos en la Península e islas Canarias. Más que imprudente hubiera sido en aquellas circunstancias medida tan radical, como que tendía a dividir la población en dos bandos irreconciliables. La Junta se decidió a expulsar a Ribas con su teniente José María Gallegos, y al propio tiempo dio satisfacción a los sentimientos populares mandando celebrar el 15 de noviembre rumbosas exequias a las víctimas de Quito en el templo de Altagracia, que era la parroquia de los pardos.

A raíz de los sucesos del 19 de abril, preocupáronse también los patriotas caraqueños con la siempre posible intervención extranjera; la cual hubiera sido una amenaza mayor para su plan que las mismas disensiones domésticas, en el caso de resolverse Francia a poner mano sobre las Colonias; o hubiera asegurado en seguida la independencia absoluta, si Inglaterra y los Estados Unidos favorecen el movimiento autonomista. Con su habitual prudencia planteó la cuestión ante la Junta el doctor Roscio, secretario de Relaciones Exteriores, y se decidió enviar agentes diplomáticos a las Antillas inglesas, a Londres, a Washington, con el fin de atraerse el apoyo material y moral de sus Gobiernos, y a las provincias de Nueva Granada para celebrar un tratado de acción común.

A las islas de Curazao y Jamaica pasaron al efecto Mariano Montilla y Vicente Salias, hombre de mundo el primero, educado en la Corte, hábil el segundo en hablar lenguas extrañas. Tropezaron, sin embargo, con las dificultades que eran de preverse; pues las autoridades de dichas islas (ambas a la sazón dominios ingleses) no tenían aún instrucciones acerca de la actitud que al Gabinete de Londres conviniera asumir respecto de los recientes sucesos de Caracas. El Gobernador de Curazao se apresuró a informarles el 14 de mayo que “tendría el mayor gusto en ceder los fusiles y demás efectos de guerra que pudiesen dispensarse sin riesgo, de los almacenes de S. M…. ; pero que debía antes participar a su Gobierno las circunstancias del caso, y aguardar su decisión”.

Respecto de los Estados Unidos, sabía la Junta Suprema que desde julio de 1809 el Gobierno de este país había insinuado a hombres notables de las colonias españolas que si proclamaban la Independencia, el Congreso norteamericano acogería en su seno a los diputados que enviasen, y se tratarla de una confederación de toda la América. Nombró, pues, la Junta en el mes de mayo comisionados diplomáticos a Juan Vicente de Bolívar y a Telesforo Orea, con José Rafael Revenga como secretario. Llegados a Washington en junio, presentan sus credenciales al Secretario de Estado, R. Smith. Quien les contesta aprobando la actitud de la Junta y prometiéndoles tomar medidas para estrechar las relaciones de amistad y comercio entre los Estados Unidos y Venezuela. En consecuencia, nombra el 26 de Junio a Robert Lowry Agente comercial en La Guaira y demás puertos venezolanos, con autorización de designar cuantos subagentes juzgara necesario (16). Quiso, desde luego, la Junta aprovecharse de la simpatía americana, y les remitió a sus comisionados 60.000 pesos para comprar elementos de guerra. Pero cuando Bolívar se trasladó a Filadelfia con este fin, encontró dificultades insuperables, porque el Gobierno americano tenía ocupadas las fábricas con un pedido de 80.000 fusiles, y los existentes en el mercado acababan de acapararlos el Ministro de España (que recibió para esto 300.000 pesos) y unos comisionados de México y del Perú, que llegaron también con grandes cantidades de dinero. El plan del Gobierno español –dice Bolívar en una de sus notas– era armar a todos sus partidarios en las Colonias, para el caso de que la pérdida de la Península produjese “algún movimiento contrario a sus ideas”. Orea regresó a Caracas en agosto, y Bolívar, navegando en otro buque, se ahogó.

A Londres fueron el coronel Simón Bolívar, el comisario ordenador Luis López Méndez, y en calidad de auxiliar, el comisario de guerra y oficial primero de la secretaría de Estado, Andrés Bello (17). No tuvo inconveniente el Secretario de Negocios Extranjeros, marqués Wellesley, en acordarles una audiencia privada, en la que les rogó resumir por escrito el objeto de su misión (18). El 21 de julio, Bolívar y Méndez pasan la siguiente nota:

“Los comisionados de la Junta Suprema de Venezuela, presentando sus respetos al Excmo. Señor Marqués Wellesley, tienen el honor de indicarle, en virtud de lo que S. E. se ha servido insinuarles en su conferencia del jueves último, las miras de su Gobierno en la misión que les ha conferido.

El primer deber de los comisionados es suplicar a S. E. se sirva ser el intérprete de su profundo y respetuoso reconocimiento a la benévola acogida que S. M. B. se ha dignado dar a !os votos del pueblo y Gobierno de Venezuela.

Impuesto S. E. de los principios que ha tenido la transformación política de aquellas provincias, y del espíritu que anima a la Junta Suprema, no puede menos de ver en ellos el mejor garante de la sincera disposición de los pueblos de Venezuela a conservar sus relaciones de amistad, comercio y buena correspondencia con los súbditos de S. M. B.

Las solemnes declaraciones de aquel Gobierno incluyen además, la seguridad de que bien lejos de aspirar Venezuela a romper los vínculos que la han estrechado con la metrópoli sólo ha querido ponerse en la actitud necesaria para precaver los peligros que la amenazaban. Independiente como lo está del Consejo de Regencia, no se considera ni menos fiel a su monarca, ni menos interesado en el éxito feliz de la santa lucha de España.

Desenvuelta así la posición de Venezuela, se hallan al descubierto sus intereses y los objetos de esta misión.

Venezuela como parte integrante del imperio español, se halla amenazada por la Francia y desea apoyar su seguridad en la protección marítima de Inglaterra. El Gobierno de Venezuela desearía también que por el de S. M. se le facilitasen del modo conveniente los medios que puedan serle necesarios para defender los derechos de su legitimo soberano y para completar sus medidas de seguridad contra el enemigo común.

La resolución de Venezuela puede ser un motivo de disensiones desagradables con las provincias que hayan reconocido la Regencia, y este Gobierno central tratará acaso de hostilizarla directamente, o de turbar su paz interior, fomentando facciones peligrosas. Los habitantes de Venezuela solicitan la alta mediación de S. M. B., para conservarse en paz y amistad con sus hermanos de ambos hemisferios.

Requiriendo la continuación de las relaciones de amistad, comercio y correspondencia de auxilios entre la provincia de Venezuela y la madre patria, algunas estipulaciones entre los respectivos Gobiernos, el de Venezuela se prestaría con toda confianza a ellas bajo la garantía de S. M. B.

Sería también tan importante como conforme a los deseos de la Junta de Venezuela, que el Gobierno de S. M. B. se sirviese expedir instrucciones a los jefes de las escuadras y colonias de las Antillas, para que favoreciesen del modo posible los objetos insinuados, y muy especialmente las relaciones comerciales entre aquellos habitantes y los súbditos de S. M. B., que gozarán de nuestro comercio como una de las naciones más favorecidas.

Los comisionados no deben terminar esta exposición sin asegurar a S. E., el marqués Wellesley, que su deferencia corresponderá en todos casos al modo franco y amistoso con que S. E., les han hecho el honor de tratarlos.”

No pudo redactarse esta nota con mayor habilidad diplomática. Al propio tiempo que se declara en ella, si bien con deliberada frialdad, el propósito de conservar vínculos con la metrópoli y seguir reconociendo al cautivo soberano legítimo, se patentiza también el hecho de que la Junta es un Gobierno que no depende de la Regencia (cosa equivalente a la autonomía absoluta de la Colonia); se solicita la mediación de la Gran Bretaña para tratar con la Regencia, pero de poder a poder, y se le piden auxilios para mantener aquella autonomía, tocando por último el punto más sensible del Gobierno británico, a saber, la extensión y privilegios de su comercio. Pero Wellesley, convencido de que el mayor y más inmediato interés de la Gran Bretaña consistía en asegurarse de la cooperación de España y sus colonias contra Francia, procuró soslayar por de pronto la cuestión de autonomía, e insistió sobre la necesidad de mantener la unión de toda la monarquía para rechazar al enemigo común; sin dejar por esto de ofrecer los buenos oficios del Gobierno a fin de considerar las justas quejas y aspiraciones de la Colonia venezolana.

El 8 de agosto, Wellesley dirige a los comisionados de Venezuela, y a la Embajada de España, la siguiente memoria (19):

“En la primera conferencia que tuvo el Lord Wellesley con el coronel D. Simón de Bolívar y D. (Luis) López Méndez, comisionados por Venezuela, les manifestó las circunstancias que se oponían a una comunicación formal o de oficio entre el Gobierno de S. M. y la provincia de Venezuela o sus agentes, en su condición actual.

Los actos públicos de la provincia (de que se han entregado copias al Lord Wellesley) y la representación de las autoridades provisionales constituidas en Caracas a S. M., contenían, sin embargo, una declaración de principios y de miras que parecía hacer la amistosa comunicación con los comisionados, no sólo compatible con las relaciones que existen entre S. M. y la Regencia de España, sino muy de desear para el objeto de conservar los derechos del monarca legítimo de España, y combinar las diferentes partes del imperio español en un sistema uniforme de resistencia a la usurpación de la Francia.

Por todos estos documentos aparece que Venezuela ha declarado uniformemente una estrecha adhesión a mantenerse fiel a Fernando VII: ha constituido las autoridades provisionales de su Gobierno en nombre y a favor de aquel príncipe, y ha limitado la existencia de aquellas autoridades para el tiempo de su restitución al trono de España.

De los mismos papeles resulta que aquella provincia ha declarado su determinación de contribuir por todos los medios practicables al socorro de la metrópoli durante su lucha con Francia.

Posteriormente ha manifestado en los términos más fuertes su firme resolución de oponerse al progreso del poder francés, y de cooperar cordialmente con el Gobierno británico, como aliado de Fernando VII, para los objetos comunes de la alianza.

Sin embargo de la declaración de estos principios y de la aprobación que tienen derecho a obtener de parte del Gobierno de S. M., la separación formal de la provincia de la autoridad central reconocida en España indicaba la necesidad de conducir la comunicación entre este país y Venezuela de la manera que fuese la menos propia posible para favorecer el espíritu de división entre las provincias españolas de la América meridional y la madre patria, o para exponernos a la casualidad de una interrupción de la confianza que actualmente subsiste entre el Gobierno de S. M. y la Regencia de España.

Esta precaución se debe considerar igualmente ventajosa por ambas partes unidas a la causa común, pues es evidente que el modo de proceder más conveniente a los intereses de España y de los aliados, es aquel que combine la mayor porción de los esfuerzos de los diferentes ramos del imperio español, para los objetos generales de la conservación de la monarquía, y de resistir a la Francia.

Estas consideraciones justificaban el amistoso recibimiento de los comisionados diputados de Venezuela; mas los intereses de Venezuela mismos parecían consultarse mejor por medio de la comunicación no oficial que ha sido adoptada, que por otro modo de proceder más formal, el cual podría ser ofensivo a la Regencia de España.

Al hacer a los diputados de Venezuela la acogida a que tenían derecho, el Lord Wellesley consideró, sin embargo, ser su primer deber representarles sin reserva el peligro a que se exponían los intereses generales de la monarquía española y de los aliados, por la separación de Venezuela de la autoridad central reconocida en España, y por lo tanto, procuró desde luego inculcarles la urgente necesidad de adoptar las medidas conciliatorias que pudiesen conducir a reunir la provincia a la autoridad que ejerce actualmente el Gobierno de la metrópoli en nombre de su común soberano.

El Lord Wellesley aseguró que esta unión es sumamente importante para todos los objetos que ha declarado la provincia; para la inmediata conservación de los derechos de Fernando VII y de la monarquía en su completa integridad, armonía y orden; a la rigurosa prosecución de la guerra contra Francia, por una efectiva y sistemática combinación de todo el poder y recursos del imperio, y especialmente al fin principal profesado por la provincia de Venezuela de ayudar de modo más eficaz a la metrópoli en la crisis de su suerte. Para el logro de este fin no podían discurrir medios más útiles que la fuerza que adquirirla el Gobierno central con la administración de los recursos generales de la monarquía, continuando la conexión y no interrumpido auxilio de cada provincia y colonia. Por lo que hace a los agravios locales y temporales de que se quejaba la provincia bajo el Gobierno provisional establecido en España, el Lord Wellesley aseguraba que estas consideraciones eran más bien asunto de urgentes representaciones a aquel Gobierno, de un arreglo amistoso o de la interposición de los buenos oficios de los aliados, que no una justificación del intento de separarse positiva y abiertamente del Gobierno general del imperio.”

Para reconocer la soberanía de la Regencia no tenían autorización los comisionados, ni era verosímil que la Junta de Caracas cejara nunca en su inquebrantable resolución de autonomía. Así lo participaron al Foreign Office en otra nota del 10 de agosto, repitiendo que la Junta se prestaría a negociaciones conciliatorias, pero a condición de no alterarse la base sobre que se había constituido, a saber, “la necesidad de no reconocer la soberanía del Consejo de Regencia”, y que bajo esta condición las provincias de Venezuela cooperarían siempre, con los medios que tuviesen a su alcance, a la defensa de la madre patria contra el extranjero.

El 30 de agosto, los comisionados venezolanos dan por terminada su misión y avisan que regresarán en el buque de guerra que el Gobierno británico les ofrecía para viajar con mayor seguridad… (20). España aceptó en principio los buenos oficios de la Gran Bretaña para lograr una reconciliación con sus dominios de América; mas como pretendiera que en caso de no lograrse en un plazo estipulado, había de comprometerse el Gobierno británico a cortar relaciones con las colonias españolas y auxiliar también con sus fuerzas a la metrópoli para reducirlas a la obediencia –pretensión que se juzgó en Londres importuna e inaceptable–, fracasó al fin todo propósito pacífico.

De todas las misiones venezolanas fue la más fácil, y obtuvo el resultado apetecido, la que llevó a las provincias del Nuevo Reino de Granada, José Cortés de Madariaga, quien por de contado no halló obstáculos para demostrarle al Gobierno de la vecina colonia la urgente necesidad de unirse contra las amenazas de la Regencia. Estas gestiones de Madariaga prepararon el tratado de amistad, alianza y unión federativo firmado al año siguiente en Bogotá (28 de mayo, 1811, y ratificado con reservas por el Congreso venezolano el 22 del siguiente octubre), pacto iniciativa de la futura Gran Colombia.

No habían corrido dos meses a contar desde el 19 de abril, cuando la Junta Suprema convocó a los pueblos a elecciones generales. La alocución que con tal objeto les dirigió el 10 de junio, y el reglamento correspondiente, redactados ambos por Roscio, son el origen y fuente del derecho electoral venezolano. Trata aquélla de justificar la forma que fue preciso darle al primer Gobierno revolucionario, e indica la manera de convertirlo en verdadera institución nacional. “La Junta Suprema de estas provincias, al revestirse del alto carácter que una parte considerable de vosotros le ha conferido, no pudo disimular que la naturaleza o términos de su constitución le imponían imperiosa- mente la necesidad de convocaras para consultar vuestros votos, y para que escogieseis inmediatamente las personas que por su probidad, luces y patriotismo os parecieran dignas de vuestra confianza. Veía la Junta, que antes de la reunión de los diputados nacionales sólo incluía la representación del pueblo de la capital, y que aun después de admitidos en su seno los de Cumaná, Barcelona y Margarita quedaban sin voz alguna representativa las ciudades y pueblos de lo interior, tanto de ésta como de las otras provincias: veía que la proporción en que se hallaba el número de los delegados de Caracas con los del resto de la Capitanía General no se arreglaba, como lo exige la naturaleza de tales delegaciones, al número de los comitentes; veía, por último, que si la estrechez de las circunstancias era una apología suficiente para estos defectos, dejaría de serlo si descuidaba remediarlos inmediatamente que pareciese llegada la época de verificarlo sin inconveniente, sin desorden, y de una manera que calificase la vigilante solicitud de la Junta por la tranquilidad pública, al mismo tiempo que hiciese presente la moderación y equidad de sus principios …”

El reglamento electoral reconoció el derecho de sufragio con las siguientes excepciones: “Las mujeres, los menores de veinticinco años, a menos que estuviesen casados y velados, los dementes, los sordomudos, los que tuviesen causa criminal abierta, los fallidos, los deudores a caudales públicos, los extranjeros, los transeúntes, los vagos públicos y notorios, los que hubiesen sufrido pena corporal aflictiva o infamatoria, y todos los que tuviesen casa abierta o poblada, esto es, que viviesen en la de otro vecino particular a su salario y expensas o en actual servicio suyo, a menos que según la opinión común del vecindario fuesen propietarios por lo menos de dos mil pesos en bienes, muebles o raíces libres.” Se determinó que las elecciones se hiciesen en dos grados: en las parroquias y en las cabeceras de partidos capitulares. A cada parroquia o cuartel tocó el nombramiento de un elector por 500 almas y otro por el exceso de más de 250, votándose por papeletas firmadas, o de palabra ante dos testigos en caso de no saber escribir el sufragante. Terminada la votación, el comisionado parroquias hacía el escrutinio en presencia del cura y cinco vecinos respetables, proclamando electores principales a los que hubieren obtenido mayoría, y suplentes a los inmediatamente más favorecidos. A fin de evitar fraudes, se mandó fijar una copia de la lista de votos en la puerta de la iglesia parroquias.

Para las elecciones de segundo grado, se dispuso que los electores de las parroquias se reuniesen en la cabecera del partido capitular y erigiesen diputados principales y suplentes a razón de uno por cada 30.000 almas y otro por el exceso de 10.000, expidiéndoles en seguida sus correspondientes credenciales. Estas las examinaría la Junta de Caracas, y llegados a la capital los dos tercios de los elegidos, se instalarían en congreso bajo el nombre de “Junta general de diputación de las provincias de Venezuela”.

En tono paternal y a manera de consejo (tal era el candor de quienes creían ya fundada la República democrática), el reglamento recomendó a los electores “la mayor escrupulosidad en atender a las circunstancias de buena educación, acreditada conducta, talento, amor patriótico, conocimiento local del país, notorio concepto y aceptación política y demás necesarias para sostener con decoro la diputación y ejercer las altas facultades de su instituto con el mayor honor y purezas”. Ordenó además el reglamento, con el fin de halagar el tradicional formalismo religioso de los españoles, que el día de las elecciones de diputados “se celebrase misa solemne al Espíritu Santo en la iglesia principal, recomendándose a la piedad de los fieles implorar el auxilio divino para el acierto”; y que durante la votación “se tocase en las iglesias la señal acostumbrada para las rogativas públicas”.

Terminaron las elecciones en el mes de noviembre, del modo que permitían las circunstancias de una colonia que ensayaba por primera vez el sistema representativo, y en aquellas localidades donde se había derrocado al Gobierno español.

A los pocos días, el 7 de diciembre, un comisionado especial de la Regencia, Antonio Ignacio de Cortabarría, se dirigió desde Puerto Rico a los Ayuntamientos venezolanos, exigiéndoles que prestasen juramento de obediencia a las Cortes generales y extraordinarias del reino, instaladas en la isla de León el 24 de septiembre, y amenazando bloquear las costas en caso de resistencia. Como se ve, tal conminación llegaba tarde. En 25 de diciembre la Junta Suprema declaró de nuevo que desconocía la legitimidad de la Regencia y de las Cortes, e igual respuesta dio en el siguiente enero a los venezolanos Esteban Palacios y Fermín de Clemente, quienes nombrados diputados suplentes por Venezuela, en España mismo, concurrieron a las Cortes y solicitaban ahora que la Colonia erigiese diputados principales.

No había terminado el año de 1810 cuando regresaron a Caracas Francisco de Miranda y Simón Bolívar, resueltos a acelerar la marcha de la revolución hasta romper los últimos lazos políticos entre la Colonia y su metrópoli (21). La Junta Suprema había creado el 14 de agosto la “Sociedad patriótica de Agricultura y Economía”. Miranda y Bolívar se apresuraron a convertirla en club radical para fomentar la propaganda en favor de la Independencia inmediata, venciendo la timidez de la Junta y las vacilaciones del Congreso.

 Notas capitulo I

(1)          Manifiesto publicado el 13 de mayo de 1811.

(2)          El historiador realista José Domingo Díaz escribe: “El       teniente del batallón veterano Mauricio Ayala, y el oficial mayor de la secretaría de la Capitanía General, Andrés Bello, que eran del número de los conjurados, se habían presentado al Gobernador, delatádose como tales y comunicádole hasta los más escondidos secretos.” Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, pág. 13, No es creíble. Obsérvese que el propio Díaz cita a Ayala (p. 21) entre los autores de la revolución del 19 de abril, y que éste, al igual de sus hermanos Juan Pablo y Ramón, figuró luego como patriota insospechable; que Bello ocupó puesto distinguido en la secretaría de la Junta Suprema constituida el mismo 19 de abril y acompañó a Bolívar y López Méndez en su misión diplomática a Londres; por último, que Díaz no se hallaba entonces en Caracas, pues partido a España en 1808, no regresó hasta el 28 de abril de 1810, cuando ya estaba consumarla la revolución. Véanse sus Recuerdos, págs. 8 y 23.

(3)          Toro, Manifiesto citado.

(4)          Del 1 de abril al 15 de mayo de 1810, Miranda publicó en Londres cinco números de un periódico titulado El Cólombiano (en la imprenta de R. Juigné, número 17 Margaret-Street, Cavendish-Square). El primer número empezaba así: “Las circunstancias criticas en que deben hallarse las posesiones Españolas de América en consecuencia de los desgraciados eventos ocurridos últimamente en la Península, eventos que probablemente serán seguidos de la entera subyugación de la España Europea: la necesidad que los habitantes del Nuevo Mundo deben tener (a lo que creemos) de conocer el estado de Ias cosas de España, para según las ocurrencias tomar el partido que juzgaren conveniente en tan peligrosa crisis: el deseo que tenemos de ser útiles a aquellos países, y de contribuir a su felicidad todo esto nos ha impelido a comunicar a los habitantes del Continente Colombiano las noticias que creamos interesantes para poderlos guiar en tan intrincada complicación de objetos, y para ponerlos en estado de juzgar con rectitud y obrar con acierto en una materia que tanto los interesa, pues debe ser el origen de su futura felicidad.”

(5)          El virulento historiador Díaz dice del canónigo Madariaga: “Era uno de aquellos hombres a quienes la naturaleza ha formado para la rebelión. Con un exterior que manifestaba las más severas virtudes, con unas costumbres aparentemente austeras, con un espíritu audaz, sanguinario y vengativo hasta el exceso, con una ignorancia atrevida, con un eco declamatorio, con una charlatanería capaz de seducir a los miserables por cierta facilidad en su explicación, con el mismo carácter de que era indigno y que aumentaba su reputación en un pueblo religioso, él fue el hombre de aquel día y el alma de las deliberaciones.” Recuerdos de la rebelión, pág. 17. Este célebre canónigo, natural de Chile, sigue figurando en Venezuela hasta 1817. Salias, que pertenecía a una familia distinguida de Caracas, toma parte en toda la guerra de Independencia. Villarreal, oriundo de San Felipe de Yaracuy, profesor de medicina, muere en el terremoto de 1812.

(6)          Véanse (capítulo siguiente) los discursos pronunciados en el Congreso, del 3 al 5 de julio de 1811, por Tovar Ponte, Roscio y otros diputados.

(7)          José Félix Ribas se incorporó después.

(8)          El historiador José Domingo Díaz, oriundo de Caracas, fue condiscípulo y amigo de muchos de ellos; pero, exacerbado por la pasión política, les pinta a casi todos con colores sombríos. Véase: Llamosas, “comerciante honrado, muy capaz de dirigir una pequeña negociación mercantil, y nada más”; Tovar Ponte (hijo segundo del conde de Tovar), “joven ignorante hasta el extremo”; Palacios (Feliciano), “persona honrada y de regulares conocimientos como vecino de una ciudad”; Blanco, “hombre que incapaz de gobernarse a si mismo, había visto desaparecer la fortuna considerable heredada de sus padres y su hermano, y se encontraba en la indigencia”; Palacios y Sojo (Dionisio), “Joven ignorante, lleno de vicios públicos, y esposo de doña Juana Bolívar, cuyo rico patrimonio había escandalosamente disipado”; López Méndez, “comerciante y hacendado de las mismas circunstancias que Llamosas”; Anzola, “abogado, jugador de profesión y sin otros conocimientos que los muy medianos de la carrera que seguía”; Tovar Liendo, “joven insignificante por su conducta y por sus ningunos conocimientos”; Mora, “abogado de muy mala reputación en el ejercicio de su profesión”; González (Pablo), “nulo bajo todos los respectos y consideraciones”; Madariaga, “cuyo comportamiento para con la corporación a que pertenecía había sido el escándalo de aquellos pueblos”; Roscio, “abogado de gran crédito, cuya conducta presentaba un contraste singular de vicios y de virtudes extremas: desinteresado, sobrio, modesto, iracundo, ambicioso, hipócrita, falso, artificioso, ingrato”; Ribas (José Félix), “joven ignorante, presuntuoso, laborioso,, jugador, lleno de deudas contraídas en sus vicios y en una necia ostentación, y el doctor Francisco José, su hermano, hombre de conocimientos escolásticos y lleno de deudas por el error de sus cálculos”. Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, pág 25.

(9)          Relación existente en el Archivo de Simancas. Secretaría de Estado. Legajo 8284.

(10)       Francisco Moreno, capitán de una de las compañías sueltas veteranas de Cumaná, que estaba cumpliendo en Caracas una condena de suspensión de empleo, y José Antonio Illas, también cumanés, comerciante y ayudante de milicia, que había pasado con licencia a Caracas “a pretexto de ir a ver la semana santa”.

(11)       Cajigal estaba electo Gobenador de la Concepción de Chile, pero se había quedado en Cumaná “rresentido de que no se le hubiese concedido su retiro a Caracas de teniente del rey o con opción al mando de la Capitanía General en vacantes”.

(12)       Las Juntas de Cumaná, Barcelona y Margarita mandaron diputados a tomar asiento en la Suprema de Caracas.

(13)       El primer capitán de esta compañía, compuesta de 72 plazas, fue el marqués del Valle de Santiago (Berroterán), y en ella figuraron el marqués de Mijares, Juan Nicolás de Ponte, Manuel Blanco de Villegas, Juan Vicente de Bolívar, Feliciano Palacios, etc., ninguno de los cuales tuvo ocasión de encontrarse en serias acciones militares.

(14)       Este había prestado juramento de obediencia a la Junta en el mes de julio.

(15)       El pueblo de Quito asaltó el cuartel y la cárcel para libertar a los patriotas presos. Rechazado el ataque, los patriotas fueron muertos. Se siguió peleando en otros barrios, y, más numerosos los patriotas, los realistas capitularon y se convino en olvidar lo pasado.

(16)       No se le dio a Lowry el título de Cónsul atendiendo a que la Junta Suprema no podía reconocerlo con este carácter oficial, supuesto que no representaba todavía a un Estado independiente; aunque sí se expresó en sus Letras Patentes que se le confiaban todas las funciones consulares.

  1. C. DE VENEZUELA. I.-14

(17)       En la Biografía de Bello por los escritores chilenos MIGUEL LUIS y GREGORIO VíCTOR AMUNÁTEGUI se dice que Bello llevaba iguales poderes que Bolívar y Méndez, pero que éstos convinieron en que figurase sólo como secretario, por ser de menos categoría que el coronel Bolívar, y más joven que Méndez. La verdad no es ésa. Bello fue “en calidad de auxiliar”, según la credencial expedida por la junta Suprema con fecha 6 de junio, y no figuró oficialmente en las conferencias de Londres, circunscribiéndose a desempeñar el papel de traductor, pues conocía el inglés mejor que sus jefes. La credencial existe en los archivos del Foreign Office, y la inserta el marqués de ROJAS en su obra titulada Simón Bolívar, pág. 14. París, 1883.

(18)       Afirman también los biógrafos de Bello que en esta audiencia Bolívar expresó al marqués Wellesley ideas abiertamente contradictorias con las de la Junta, porque “se había ido a la conferencia sin haber leído (sic) siquiera sus instrucciones”. Lo mismo repite el general Mitre en su Historia de San Martín y en la edición inglesa que lleva por título The Emancipation of South America, being a condensed translation by William Pilling of the History of San Martín by General don Bartolomé Mitre, pág. 303. Londres, 1893. Que en conversaciones particulares con los amigos que tenía en Londres de viajes anteriores, no ocultase Bolívar, joven entonces de veintiséis años, sus ideas sobre emancipación radical, es cosa más que verosímil; y por otra parte, bien sabía el Ministro inglés, sin que lo dijeran los comisionados, adónde se encaminaba la revolución de Caracas. Pero que oficialmente se atuvo al texto de sus instrucciones, lo demuestran los documentos que van a leerse sobre lo tratado en Londres.

(19)       Copia traducida, tal como existe en el Archivo de Simancas. Secretaria de Estado. Legajo 8284.

(20)       Se embarcó Bolívar. López Méndez y Bello prefirieron quedarse, y allí pasaron todo el tiempo de las guerras de Independencia.

(21)       Bolívar regresó en un barco de guerra inglés. Miranda lo hizo en el paquete ordinario para no aparecer otra vez como protegido del Gobierno británico. “La Junta había acordado no admitir en el país a Miranda, porque sería una contradicción escandalosa que, gobernando a nombre de Fernando VII, admitiese en su territorio a un individuo proscrito por sus procederes, por lo que se previno al Comandante de La Guaira que no le permitiese desembarcar… Pero el pueblo de La Guaira y de la capital se alborotó en términos que Miranda desembarcó y fue conducido a Caracas en medio de un numeroso gentío que lo aclamaba como su padre y redentor.” F. J. YANES, Historia de Venezuela.

Gil Fortoul, José. Historia Constitucional de Venezuela.

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