1810: Respuesta dada a la Regencia de España por la Junta de Caracas

La Suprema Junta de Caracas se dirige a la Junta Superior de Gobierno de Cádiz exponiéndole los hechos, razones y fundamentos que tuvo la capital de Venezuela para establecer su Gobierno propio el día 19 de abril, como lo hicieron en España las provincias y pueblos de la península.
                  (3 de mayo de 1810)
Excelentísimo señor:

Caracas, imitando la conducta de España, ha tomado el partido que ella misma le ha enseñado cuando carecía del gobierno central, o cuando éste no podía atender a su seguridad, ni dirigir los pasos de su administración y defensa. Cada provincia, o cada reino, reasumiendo el ejercicio de la soberanía, la explicaba por medio  de sus juntas provinciales o supremas. Valencia, Cataluña, Extremadura, mucho menos distantes de la central que Venezuela, quedaron separadas de ella y llevaban por sí mismas las riendas del gobierno, cuando el centro del poder era insuficiente para cuidar de su conservación y sostener los derechos de su independencia y libertad pérfidamente atacados por el común enemigo.

Caracas fue la primera que entre todos los dominios de la corona española juró solemnemente obediencia a su adorado rey el señor Don Fernando VII en su exaltación al trono, proclamándole como tal, y gritando en la tarde del 15 de julio de 1808 contra la felonía de Napoleón, contra los emisarios que acababan de introducirse en esta capital con las letras del intruso gobierno francés, y contra todos los demás que seguían las banderas de su perfidia. Vacilante el gobierno de Caracas con las fórmulas ministeriales de que venían revestidos los despachos de Murat, y casi inclinado a tributarle la deferencia que exigían sus emisarios, habría quizá manchado la acendrada fidelidad de este pueblo si no oye los gritos decisivos del reinado de Fernando VII, y sus declamaciones contra los franceses.

Caracas, consecuente en su lealtad acrisolada, desconfía justamente de los que la gobernaban; procura precaver el peligro por medio de una junta, y los pretendientes de ella son atropellados y envueltos en un procedimiento escandaloso. Este fue el premio que obtuvo por las demostraciones del memorable 15 de julio; ésta, la recompensa que merecieron los donativos hechos para sostener la guerra contra Francia. Oye con gusto los primeros decretos que la Suprema Junta Central erigida en Aranjuez expide a favor de los beneméritos, detestando con la mayor vehemencia las notorias injusticias del ministerio de Carlos IV; recibe con aplauso las providencias con que solicita que los jefes de estos países informen cuanto sea conducente a su felicidad; aprecia el decreto en que estos dominios son declarados parte integrante y esencial de la monarquía española, y como tal acreedora a los mismos derechos y prerrogativas que la Península. Tales eran sin esta declaratoria, a menos que se negase a sus habitantes la cualidad de ciudadanos

españoles; pero no temía que el éxito de este decreto hubiese de ser el mismo que tuvo el de unión e igualdad promulgado en el año de 1787.

Perdida la batalla de Medellín, perdió también su crédito la providencia que abría la puerta de los empleos a los más dignos y beneméritos. Para el mando de esta Capitanía General se nombra un prisionero de guerra comprendido en la capitulación de Madrid.

Un oficial graduado de mariscal por Murat o Bonaparte de quien obtuvo igual

nombramiento para mandar en jefe sobre estas provincias. Otro prisionero de guerra contenido en la misma capitulación viene en su compañía, y es promovido dentro de breve tiempo a la comandancia y subinspección de artillería. El intendente y auditor de guerra despojados de los empleos que obtenían por nombramiento de Carlos IV miran sustituirlo, en su lugar dos emigrados que ofenden los derechos de la justicia distributiva y la real orden con que el gobierno central había prometido a la nación no promover sino a los más dignos y beneméritos. Nuevas contribuciones, y el alejar de nuestros puertos el comercio de los amigos y neutrales, revocándoles la rebaja de derechos y moderación de aforos, son los dones con que los empleados principales corresponden a la dignidad y mérito de este pueblo, y al benévolo recibimiento que tuvieron ambos.

Claman contra esta revocatoria el Ayuntamiento, el Consulado, y los demás que conocían el exceso de los aforos de aduana y el de la contribución de los derechos mercantiles; claman todos con razón y justicia; y sus clamores desatendidos son más agraviados cuando observan la expresión imperiosa que recayó sobre el síndico procurador general, como si fuese delito el cumplimiento de sus deberes.

Casi al mismo tiempo resulta escogido por el gobierno de Caracas para ser diputado de Venezuela en la Junta Suprema Central el regente visitador don Joaquín de Mosquera, que había sido el autor principal del procedimiento tomado contra la lealtad y patriotismo de los más interesados en la reforma del gobierno de estas provincias.

El nuevo capitán general empieza a desplegar más los resortes de su arbitrariedad y despotismo. Contra una ley expresa de estos dominios promueve interinamente a la plaza de oidor, al fiscal de lo civil y criminal. Se le replica con la voluntad del rey escrita en el texto que prohíbe esta novedad; y la sostiene tomando sobre sí expresamente la responsabilidad de la infracción. Quebranta el orden establecido en las leyes para el destino y corrección de los vagos; y obrando en lugar de ellas el capricho suyo, y el de los subalternos de su mando, ejecuta una conscripción tal vez más dura que la de Francia anunciada en la gaceta del gobierno.

Son inútiles recursos a la Audiencia, porque a pesar de las leyes que franquean a la inocencia este asilo contra la opresión e injusticia, el nuevo presidente, reuniendo en sus manos la fuerza de las armas, menosprecia las providencias del tribunal superior, las suspende, las revoca, y quiere que su voluntad sólo prevalezca. Desconoce en la Audiencia la imagen viva del soberano, y declara que en estas provincias no había otro, fuera de él, que representase más inmediatamente la soberanía. Insulta a los ministros cuando reforman o revocan las providencias libradas en su tribunal de gobierno, y el fiscal es amenazado singularmente porque, siendo el órgano de la ley para promover su observancia, declama contra su arbitrariedad y despotismo.

Son trascendentales sus insultos al Ayuntamiento de esta capital; de nada vale su grande representación, ni las protestas y recursos interpuestos contra las arbitrarias providencias de su presidente surten el efecto suspensivo que la ley les impone: su voluntad personal ha de prevalecer; y por esta regla del amor propio de la fuerza coactiva es quien decide las cuestiones pendientes del tribunal de agravios. Sin esperar la determinación del recurso, se ejecuta cuando quiere el jefe de las armas.

Por más sagrada que fuese la ley, no se eximía de su violación. Tal es la que sostiene el sigilo, y seguridad de los pliegos dirigidos al rey, o sus representantes. Pero en este gobierno de violencia y opresión, también se vieron abiertos en manos del primer jefe, y de su segundo, las representaciones que dirigían a Su Majestad con la mayor cautela y secreto el Ayuntamiento de Caracas y el comisario ordenador don Pedro González Ortega, quejándose altamente del presidente gobernador y capitán general, e implorando contra sus agravios el brazo justiciero de la soberanía.

Su asesor, al abrigo del poder arbitrario, no consultaba otra ley que ésta, ni podría consultarla aunque hubiese tenido la fortuna de disolver la liga que había entre los dos, porque su ignorancia le servía de obstáculo, y no podía superarlo sin largo estudio en el derecho, y mucha práctica de tribunales. Exacto imitador del arte insultatoria se atrevió igualmente a ultrajar al Ayuntamiento cuando éste trataba de elegir con libertad al representante de Venezuela cerca de la Junta Central, y sus ultrajes fueron tales, que dejaron suspendida la elección por algún tiempo.

Elevados por la fuerza los administradores de este gobierno a un grado de independencia muy peligrosa para la administración de justicia y seguridad de estos territorios, no quedaba otro arbitrio que el de repetir y multiplicar los recursos a la suprema autoridad, esperando con ansia el resultado más conforme a la recta administración de justicia. La esperanza se dilataba demasiado y a proporción que se aumentaban los males crecía el descontento, y los agraviados suspiraban por el momento feliz en que Su Majestad los sacase de la tiranía en que vivían. Las desgraciadas noticias de la guerra de España afligían su corazón; pero todavía esperaban algún alivio en sus congojas y algunas providencias eficaces contra el mando arbitrario de estas provincias.

Sus esperanzas desaparecen cuando en lugar de removerse el origen de sus aflicciones sólo miran venir de las reliquias del Supremo Gobierno Central los papeles que anuncian haberse sustituido en la isla de León un consejo de regencia, quedando del todo disuelta la Junta gubernativa de España y de las Indias. Esta noticia, incapaz de calmar el justo sentimiento de los oprimidos, alteró los ánimos en tanto grado que proclamando el pueblo nuevamente los derechos del señor Don Fernando VII, y considerándose ya depositario de la soberanía para salvar la patria y contener a los empleados que obraban como independientes y soberanos, tanto más peligrosos cuanto mayor era la impotencia en que se hallaba la Península para refrenar sus excesos, confió interinamente el ejercicio de esta misma soberanía al Ayuntamiento de esta capital y a cierto número de diputados que nombró.

Todo se logró felizmente con el mejor orden en el día 19 del mes próximo pasado, como lo manifiesta el acta celebrada con la misma fecha, y firmada de todas las autoridades anteriormente constituidas, que intervinieron en la sesión; lo manifiestan también las proclamas, gacetas y demás papeles que por disposición del mismo gobierno dirigimos a V. E. y a todos los hermanos nuestros que no hayan seguido las banderas del usurpador; y les protestamos que la Junta erigida en esta capital y representativa del señor Don Femando VII, será disuelta luego que Su Majestad se restituya a sus dominios o siempre que se organice unánimemente otro gobierno más idóneo para ejercer la soberanía en toda la nación.

Estas provincias están dispuestas a socorrer a sus hermanos europeos en cuanto sea posible; los recibirán con los brazos abiertos cuando la superioridad del enemigo les obligase a emigrar y solicitar en la América española otra patria común en lugar de la que hubiesen perdido en Europa; y ninguno de estos habitantes repugnará su incorporación con tal que prescindan enteramente del carácter de regentes tomado en la isla de León, y de cualquiera otra investidura pública que se derive de esta clase de gobierno.

Todo el mundo conoce la nulidad e impotencia de este nuevo establecimiento para dirigir las Américas; todo el mundo sabe que éstas no concurrieron, ni fueron llamadas a su formación, siendo ya parte integrante, esencial, más extensa y numerosa de la Corona que aquella Península casi toda o en su mayor parte ocupada por los franceses; nadie ignora que el Consejo de Regencia no ha sido subrogado en lugar de la Junta Central conforme a la constitución del reino, que exige ayuntamiento de Cortes para erigir esta especie de gobierno; nadie ignora que la misma Junta, desde su instalación, ha impugnado el sistema de regencia, declarando que la nación no se halla en el caso de ser gobernada por este medio, limitado en la ley de partida para cuando el rey sea menor o demente.

Convocadas las Cortes para el 19 de marzo último, si la guerra impedía que los reinos y provincias de España se congregasen por medio de sus diputados en la isla de León, la América española estaba expedita para celebrar esta asamblea nacional en unión de sus hermanos, y no tenía ningún representante en la Junta Central ni en aquella isla. El gobierno le prometió que por la tardanza de sus diputados se tomarían provisoriamente de los españoles americanos existentes en España cuantos bastasen a suplir en las Cortes la falta de sus legítimos representantes. Pero nada de esto se verificó y la Junta Central, que  carecía del poder legislativo de la nación, no podía transformar sin la concurrencia de las Cortes el sistema de su gobierno, que es la función más grave y sustancial de ese mismo poder legislativo.

Ni la Junta Central, después de la irrupción de los franceses en las Andalucías, ni los cinco delegados suyos en la isla de León, han podido ni pueden cuidar de la conservación y seguridad de estos países; están impedidos de proveer en ellos sobre las causas y negocios propios de la Majestad; y no se hallan en aptitud de administrar justicia a sus habitantes en los recursos contra los agravios de los ministros encargados de su gobierno. Los mismos miembros del supuesto Consejo de Regencia han confesado en su proclama de 14 de enero último las vejaciones que estos habitantes recibían de los agentes del anterior gobierno, y la servidumbre que sufrían, tanto más dura mientras mayor era la distancia del centro del poder soberano. Confiesan que desde la declaratoria de igualdad habían sido elevados a la dignidad de hombres libres y que ya sus destinos estarían en sus propias manos y no dependerían del arbitrio y voluntad de los virreyes, ministros y gobernadores.

En ningún tiempo había llegado la arbitrariedad de estas provincias al grado referido, y de aquí nacía la opinión común de haber faltado en España quien refrenase sus excesos. De aquí nació la necesidad de reasumir el pueblo los derechos que incluye la proclama de la isla de León para contener las violencias de sus administradores, y de aquí ha resultado la ocasión de participar estos sucesos a la Junta de Cádiz contestando los oficios y demás papeles relativos al sistema de regencia como lo ejecutamos a nombre de la Suprema de Venezuela y como alcaldes presidentes de ella.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Sala Capitular de Caracas, mayo 3 de 1810.

José de las Llamosas.

Martín Tovar Ponte.

Señores de la Junta gubernativa de Cádiz.

 

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